Pocos días atrás, el 2 de febrero, se conmemoró el Día Internacional de los Humedales. Lejos de la formalidad de la efeméride, la fecha es una alarma sonando para despertarnos definitivamente. El cambio climático nos ha puesto ante la oportunidad y la obligación de llamarnos a una reflexión profunda sobre el tratamiento que damos a nuestro planeta y, más específicamente, al territorio en el que vivimos. No es optimismo ingenuo, sino tan solo compromiso cívico y conciencia plena: aún estamos a tiempo como humanidad de hacerlo, y más aún, de hacerlo bien.
Día a día, hora a hora, el clima cambia ante nuestros ojos. Ya no hay dudas: desde los lugares de responsabilidad que nos toque ocupar, debemos hacer aquello que esté a nuestro alcance para morigerar sus dramáticas consecuencias. Los humedales son recursos fundamentales en los ecosistemas globales y locales, verdaderas reservas de vida. Sin embargo, a nivel mundial, se aprecia su constante disminución ante factores relacionados con el desarrollo económico y social.
Aquí, como resulta evidente, se presenta la paradoja a la que nos enfrentamos: por un lado, reafirmamos la necesidad de un compromiso absoluto con el cuidado y restauración de los humedales; y, por el otro, como cualquier economía en desarrollo, no podemos soslayar actividades como la ganadería y la agricultura, la minería y hasta la propia expansión de las superficies urbanas, que juegan un papel indispensable en el crecimiento social.
Mientras tanto, los humedales retroceden: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que, desde 1970, la superficie de humedales en todo el mundo ha disminuido un 35%. Debemos actuar, y hacerlo rápido, para encontrar una síntesis entre el desarrollo indispensable de nuestras sociedades y la planificación y ordenamiento territorial de estos ecosistemas.
Necesitamos una ley de humedales. Y la necesitamos urgente. Tan solo en 2020, los incendios de bosques y pastizales afectaron más de 1 millón de hectáreas en todo el país, especialmente en las islas del Delta. Esto representa cerca de 350.000 hectáreas de ecosistemas creados por los humedales que han sido destruidos. Una pérdida irreparable.
Además, debemos promover la creación de áreas naturales protegidas en aquellos humedales identificados, algo que es fundamental para su conservación, conjuntamente con actividades de restauración, diagnóstico y remediación.
Necesitamos adoptar criterios de sostenibilidad transversales, alineados con las políticas globales en la materia, que sean de aplicación nacional, provincial y municipal, para que las actividades socioeconómicas que se realicen sobre los humedales aseguren el mantenimiento de la integridad ecológica de sus ecosistemas.
Como intendente del Municipio de Tigre, tengo plena conciencia de la enorme responsabilidad que me toca en esta lucha. Somos el distrito con mayor territorio de humedales de toda la provincia de Buenos Aires y, desde hace años, llevamos adelante políticas públicas tendientes a la preservación de los mismos, a través de la Ordenanza 3343/13 del “Plan de Manejo del Delta”, y de la Ordenanza 3709/19 de “Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján”, zona en la que se promueve la preservación de los humedales continentales y las construcciones sustentables.
Estamos orientados con decisión a lograr una gestión integrada y diversa para la defensa de los humedales y un activismo permanente en defensa de estos entornos. Por ello, en Tigre hemos llevado a cabo la Semana de los Humedales, con eventos diarios de concientización y sensibilización sobre la importancia de valorarlos, restaurarlos y protegerlos.
No hay tiempo que perder. No podemos desentendernos de esta urgencia. La alarma suena: es hora de despertar y mejorar la vida en el planeta.
Escribe: Julio Zamora (Diario La Nacion)