Cualquier buen amigo del ministro de Economía, Martín Guzmán, le hubiera recomendado una renuncia con honores luego del acuerdo con el Fondo Monetario, un programa mucho más soft para la Argentina de lo que parece en algunas de las filas del oficialismo. Con la renegociación con los acreedores externos en la mochila, la firma con el organismo le hubiera garantizado años de conferencias y consultorías.
Cuesta abandonar el timón luego de atravesar una tormenta. Pero, se sabe que no es lo mismo ser ministro de las deudas a convertirse en Ministro de Economía. A pesar del apoyo del presidente Alberto Fernández y del aval del board del FMI, Guzmán enfrenta nuevos frentes de tormenta. Ni siquiera se trata del tema de las tarifas o de los desplantes inflacionarios, incluyendo batucadas de los empleados que piden mejoras salariales en el Ministerio que dirige.
Sobre el problema más inmediato, el aumento de las reservas comprometido con el FMI, ya hablamos la semana pasada (“Reservas, el primer waiver para la Argentina”); ahora se abren dos nuevos frentes: la deuda en pesos y el nivel de actividad económica.
En caso del primer tropezón. El Tesoro debió recurrir a unos 80.000 millones de pesos del Banco Central para cubirir gastos oficiales. Y esto fue producto de que “el mercado” no le renovó el 100% de la deuda que venció la semana pasada. El gobierno ofreció bonos actualizados por el CER con vencimiento post 2023. Y hubo un porcentaje de inversores que dijo no. Es la primera vez que sucede y cubrir el déficit del Tesoro con deuda pública es un dato central del acuerdo con el FMI que prevé una emisión equivalente el 1% del PBI para este año. De mantenerse esta tendencia –que algunos analistas sospechan será creciente a medida que se acerquen las elecciones– el Ejecutivo deberá apelar a la emisión. ¿Habrá otro waiver?
Al mirar los detalles con más profundidad, el gran problema es que el público, la gente, o quiera llamarse, no quiere pesos. Huye de la moneda nacional. Actualmente, la relación base monetaria/PBI gira en torno al 6,6%. Un número similar al de 2019, aunque en ese año había una política monetaria mucho más contractiva que la actual que giraba bajo la consigna de “emisión cero”. La gente escapa del peso debido a la inflación, dicen los especialistas. Y dan un dato: el promedio de duración de los plazos fijos en pesos es de 57 días. Otro número: en abril, el crédito al sector privado cayó 0,5%.
Y los inversores que no renuevan sus tenencias en títulos públicos simplemente se alejan de los riesgos políticos y de un potencial “reperfilamiento” de los vencimientos de la deuda en pesos, que crece al compás del aumento de la inflación. Un hecho que podría suceder en el curso del próximo gobierno, menos de dos años vista debido a la imposibilidad de cubrir o refinanciar el alud de dinero que significa la deuda pesos indexada por la inflación.
Se sabe que la tasa de interés debe ser positiva, como pide el Fondo. Pero este mecanismo implica un rendimiento no menor al 60% anual, tirando casi al 65/70%. Con un dólar subvaluado (el precio de la divisa es una de las poquísimas anclas antiinflacionarias que tiene el gobierno) y reservas en terapia intensiva, la mezcla es potencialmente explosiva.
Por todo esto, entre otros detalles por el estilo, es que el a pesar de haber cumplido (trampita mediante) con los números del primer trimestre con el FMI y de transitar adecuadamente el segundo trimestre con las exigencias del organismo, no baja el riesgo país y nadie quiere poner un peso/dólar/euro, etc., en la Argentina.
Y esta situación financiera compleja impacta de lleno en el otro gran problema: el nivel de actividad económica o, mejor dicho, la ralentización del crecimiento rumbo al 0% en el tercer y cuarto trimestres del año. Esto es consecuencia de varios fenómenos concomitantes: se está acabando el arrastre estadístico de la recuperación del año pasado; el consumo privado no repunta como se esperaba debida la caída del poder adquisitivo de los ingresos, los ingresos adicionales de la exportación son neutralizados en gran medida por el aumento en el costo de la energía, faltan dólares para comprar insumos en el exterior, el gobierno tiene menos billetera para financiar obras públicas y el sector privado se queda cada día con menos crédito y menores intenciones de invertir. Así, los principales drivers del crecimiento se van apagando a medida que pasan los meses y se acercan las elecciones.
Parece un tanto desorbitado pensar en términos no menores a los 18/24 meses vista para comenzar a pensar en un cambio de tendencia sobre todo teniendo como programa económico el acuerdo con el FMI. Bueno, en realidad no tanto. La vicepresidenta acaba de confesar que cuando era presidenta mintió respecto de la inflación al menos en dos años de gestión y del crecimiento de la economía, también en otro bienio. Más allá del sincericidio, que tuvo realmente menos repercusión de la debida, se entiende la reticencia de propios y ajenos en apostar algún vuelto, aunque más no sea en la Argentina.
Con menor crecimiento económico, la nominalidad de la economía girará en torno de la inflación. Quizás sean reales las ganas presidenciales de resolver algunos desequilibrios macroeconómicos y reconocer que la suba de los gastos por encima de los ingresos cubierta con emisión es la causa primordial de la suba de precios. Pero cerca de las elecciones y con la intención de reelegir que confesó, ¿cómo evitar la posibilidad de que la voluntad flaquee hasta que las “condiciones” mejoren?
Por Oscar Martínez (Clarín Bolsillo)