Faltan pocos días para que aterrice en la Argentina la delegación del FMI que auditará las cuentas públicas. No habrá un examen tremendo porque, en verdad, la invasión rusa a Crimea desarticuló más una variable económica y aprobará lo realizado por el gobierno, como anticipó este Bolsillo. Pero algo, aunque sea poco habrá que mostrar, por eso son horas decisivas. Y en este punto aparece una clásica excepcionalidad argenta.
Un viejo dicho inglés del siglo XVI (e incluso anterior) sostiene que “hay que esperar lo mejor, pero preparase para lo peor”. El apotegma, en lenguaje peronista, con sus más y sus menos, fue utilizado desde Ho Chi Min hasta el Dalai Lama, y seguramente por muchos más. Es puro sentido común en sentido estricto. Excepto en la Argentina, claro, país donde las internas oficiales y otros contratiempos por el estilo, pueden desarticular cualquier esfuerzo colectivo.
Un caso de estudio. Desde que la naturaleza es naturaleza, existe una época de siembre y una de cosecha. Pues bien, la escasez de gas oíl en el actual período de cosecha demuestra que no todos los dichos son universales. Y peor aún, estimados lectores, es que YPF, la petrolera estatal e insignia del autoabastecimiento energético perdido, asegura que garantizará el abastecimiento de gas oíl para el feriado largo de Semana Santa. No sea cosa que los turistas se enojen. La solución, a la argentina, fue armar una comisión entre empresarios y funcionarios que se reunirán cada 15 días para evaluar la situación. Aunque hay un paro de camioneros en Córdoba con rutas cortadas.
En otras palabras, en la Argentina, siempre se espera lo que se pueda y nos preparamos para ver cómo zafamos.
Otra prueba, el último informe del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (de lectura casi obligatoria en la actual coyuntura) indica que aumentó la producción de petróleo (sobre todo el no convencional, o shale) de gas (básicamente el convencional) e indica que “según ASAP los subsidios energéticos acumulados a febrero de 2022 fueron $157,396 millones y aumentaron 207% respecto a igual periodo de 2021. CAMMESA lideró las transferencias recibidas con $134,622 millones y un aumento de 227%, ocupando el 85,5% de los fondos ejecutados”.
ASAP es la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, una entidad muy prestigiosa que se dedica, básicamente, a ver dónde pone la plata el Estado. ¿Por qué esto es importante? Simplemente porque uno de los puntos del acuerdo con el FMI era bajar de manera contundente los subsidios a la energía que el año pasado superaron los US$10.000 millones y que en este 2022 podrían llegar a los US$20.000, en parte por la invasión rusa a Ucrania, es verdad. Este año, como se ve, empezó mal. Y tanto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le ordenó al secretario de Energía, Federico Basualdo, implementar de manera urgente el aumento de tarifas para Edenor y Edesur. Un dato: entre ambos funcionarios existe una grieta muy ancha para saltar. Punto ¿para?
El motivo central de la “orden” ministerial es tratar de cumplir algo del acuerdo con el FMI. Y se basa en que más de la mitad de los hogares de Buenos Aires y el conurbano pagan boletas de luz inferiores a los $1.000 mensuales ($2.000 bimestrales). Un aumento del 40% al 42%, como anhela el ministerio de Economía, llevaría las facturas de cerca de $2.000 bimestrales a menos de $3.000 cada dos meses ($1.400 mensuales) para la mayoría de los clientes. Algo así como dos kilos de tomates. No suena como un tarifazo, aunque sea políticamente incómodo. Punto en contra.
Pero esto es una parte. Un informe de la consultora LCG indica que se puede ver un escenario monetario algo más tranquilo por el refuerzo de las reservas gracias al aporte del Fondo. Sin embargo, incluye algunos indicadores preocupantes. E indica que “el riesgo aquí, como venimos insistiendo, es que la aceleración de la tasa de depreciación del peso en suma al sinceramiento de algunos precios (combustibles, tarifas, etc.) pueda elevar la inflación a niveles que harán que la economía para funcionar con tasas de interés reales positivas deba fijar tasas nominales muy elevadas”, y que “esa suba de tasas en un contexto de crédito alicaído (caída de 5,1% real desde diciembre) podría terminar de romper la intermediación para el sector privado”. O sea: que la inflación creciente por los ajustes a los que se comprometió el gobierno impulsen la tasa de interés (que debe ser positiva según lo acordado con el FMI) a las nubes. Y realimenten la inflación. Otro clásico. Punto en contra.
Por otra parte, “el sector público sigue siendo un captador de los fondos prestables y logró tasas de rolleo (renovación) de su deuda del 130%, en línea con las necesidades que le exige el programa financiero”, claro que “buena parte (2/3) se concentró en instrumentos atados a la inflación de corto plazo”. O sea: la deuda pública sigue creciendo. Aunque sea en pesos, el Estado se sigue endeudando.
Por esto mismo es que “la indexación de la estructura temporal de rendimientos que ofrece el Tesoro empieza a preocupar. A fin de cuentas, si bien se desactiva en parte la “bomba de Leliqs” se empieza a crear un volumen creciente de deuda indexada en un contexto de restricción de financiamiento por parte del BCRA al Tesoro y en el cual la inflación parece acelerarse, al menos, para el año corriente”. Lo que quiere decir el informe es que los bancos, tenedores de las leliq’s, las cambian por bonos ajustados por la inflación, más rentables. Punto a favor (de los bancos).
En otras palabras: la deuda atada a la inflación puede generar severos desequilibrios en el programa monetario y producir un fenómeno difícil de manejar en el mediano plazo (en la Argentina, no más de 6-9 meses). Sobre todo, porque “la demanda de circulante (pesos moneda nacional) en marzo se retrajo 6,5% mensual y acumula una caída del 1,4% en el año”. Esta demanda de pesos equivale al 4,7% del PBI, “un nivel de monetización de la economía entre los más bajos de los últimos 20 años”, según las cifras de LCG. En sencillo: la gente les huye a los pesos como puede, muchas veces alimentando la inflación con compras defensivas (“Total, igual aumentará todo.)”.
En otros términos: el gobierno podría financiarse con deuda colocada en el mercado local porque, pequeña trampita, la Tesorería conseguiría algo más de dinero del 1%, vía emisión, que le obliga el FMI por disposiciones internas. El problema es que, si no aumenta la demanda de dinero por parte del público, en poco tiempo esa deuda indexada (en verdad, una especie de permuta de Leliq’s por bonos actualizados por inflación) volverá, vía absorción, al BCRA en forma de nuevas Leliq’s. Y otra vez a empezar con una tasa de interés atada a la inflación que demuestra ser más complicada de manejar que con acuerdo políticos, amenazas o precios máximos y/o cuidados.
Suena todo como un tanto complicado, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas y otras flojedades de papeles, se calcula que en mayo el FMI dará luz verde y aprobará la inspección. El verdadero examen comenzará en agosto, en la próxima visita. Los problemas no serán ellos, sino nosotros. Sin puntos.
Por – Oscar Martínez (Clarín Bolsillo)