Mientras avanza la reforma del Estado, en la empresa pública, que controla las vías por donde pasa el 70% de las importaciones y exportaciones del país, permanecen intactas estructuras de la vieja política.
A un año de la asunción de Javier Milei como presidente, y mientras se sigue avanzando en la reducción del gasto, la reforma del Estado y la desregulación, todavía quedan sectores del gobierno en los que no se han podido desarmar las tan arraigadas estructuras de la vieja política, en donde mantienen el poder -y los negocios- los mismos referentes designados por la gestión anterior, en connivencia con los mismos caudillos sindicales de hace décadas.
La Administración General de Puertos es uno de ellos. Esta sociedad del Estado que administra y controla nada más y nada menos que las principales vías por donde pasa el 70% de las importaciones y exportaciones del país, como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía, todavía no ha visto pasar “la motosierra” de Milei, y es el caso más extraño en el que una empresa con ingresos en dólares y costos en pesos pasó de ser superavitaria -como lo era hasta 2021-, a generar déficit, luego de que las autoridades designadas por los referentes de Sergio Massa en el Ministerio de Transporte tomaran el poder. Poder que subsiste hasta hoy.
Para tener noción del desmanejo que viene ocurriendo en la AGP los números hablan por sí solos: en 2021, la empresa estatal arrojó un superávit de US$28 millones. En 2022 pasó a dar un déficit de US$10 millones, y en 2023 -año electoral- perdió la friolera de US$45 millones.
Su entonces interventor, José Carlos Beni, fue nombrado en junio de 2020 por el gobierno de Alberto Fernández. Además de una larga trayectoria en el organismo, Beni, era (y es) referente del Instituto Patria. De hecho, durante su gestión impulsó la estatización de la Hidrovía. Lo curioso es que continúa en funciones durante el gobierno libertario de Javier Milei, no ya como interventor (lo reemplaza desde enero Gastón Benvenuto), sino como asesor de la Unidad de Gabinete de Asesores dependiente de la Subgerencia General, labor por la que cobra un sueldo bruto (a noviembre de 2024) de $6.491.532. Según fuentes del organismo, dada la inexperiencia de Benvenuto en el área, la influencia del exinterventor sigue siendo muy alta.
Pero el de Beni no es el único caso de funcionarios kirchneristas o massistas de alto rango que hicieron una pésima y cuestionadísima gestión como la de la AGP, pero siguen en sus cargos o, aún peor, fueron ascendidos. Junto con Beni, en la administración portuaria fueron ratificados por este gobierno otros cuatro altos funcionarios K, que participaron del proceso en el que el descalabro de gastos y la corrupción resultaron en el rojo fiscal actual de la entidad. O sea, la casta portuaria continúa inamovible.
Los cuatro fantásticos de la Casta Portuaria
Verónica Piñero, la actual gerente general, también es una controvertida funcionaria massista que fue ratificada en su cargo a pesar de los escandalosos resultados de su gestión. Y no solo eso: el actual interventor la ascendió, apenas asumió su cargo.
Su rol es fundamental: es quien firma, entre otras cosas, las órdenes de compra, con un margen de discrecionalidad apabullante.
FOTO – Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo (Foto: gentileza)
En 2021, la AGP modificó su reglamento de compras e incluyó la figura de la “compulsa abreviada” para agilizar el proceso de compras menores que no justificaban pasar por el tedioso, largo e intrincado proceso de una licitación. En un principio, el límite de gasto para ser realizado a través de esta modalidad directa a sola firma de la gerencia era de $300 mil pesos. Hoy ese límite es de $48 millones. Esa llamativa modificación, que aumenta la discrecionalidad y elude controles, fue llevada adelante por quienes continúan hoy al mando de la empresa, y les ha permitido autorizar adquisiciones escandalosas -sobre todo para una empresa deficitaria- como, por ejemplo, tres simuladores 3D para “capacitación y ocio” por casi US$300 mil en 2022.
En ese año, el equipo de PPT liderado por Jorge Lanata difundió un informe que daba cuenta de los polémicos gastos en el puerto de Buenos Aires, con contrataciones por cifras exorbitantes en servicios de mantenimiento de espacios verdes, limpieza y seguridad a empresas que ya han sido denunciadas por sobre precios y otras irregularidades.
Compras escandalosas que evadieron la “motosierra”
A pesar del cambio de gobierno, poco se ha modificado en el cuestionado organismo. Si bien la nueva gestión redujo la planta de empleados de 750 a 510, las bajas se dieron llamativamente en empleados de planta permanente con años de experiencia y no, como ocurre en otros organismos, sobre aquellos contratados durante el último gobierno. Por el contrario, muchos de los contratados bajo la gestión de los exministros Meoni y Massa fueron ascendidos.
Con respecto a los gastos, si bien la actual gestión los redujo, las empresas proveedoras -algunas incluso denunciadas en la Justicia por sobreprecios- siguen siendo las mismas. Hay casos, como el de Unlimited Solutions SRL, Smarty Group SRL y Tecnología Vial Aplicada SA, en cuyos directorios se repiten los mismos nombres, y que ganan licitaciones en rubros tan variados como organización de eventos, venta de chalecos salvavidas y neumáticos para los autos oficiales, también bajo la modalidad de “compulsa abreviada”.
En mayo de este año, bajo esta misma modalidad de compra directa con la sola autorización de la gerente general -la kirchnerista-massista Verónica Piñero- la AGP, que habría arrojado un déficit este año de US$15 millones de no ser por el aporte del gobierno de 16 mil millones de pesos en ATN, mandó a diseñar e imprimir 1000 libros de fotografías del puerto por un costo de $34 millones de pesos. Según la resolución firmada por la propia Piñero, los libros Postales en Estiba, ayer y hoy del corazón portuario fueron pensados como un regalo institucional y se comercializarían a través del sitio de e-Commerce de la AGP. Tal sitio no existe.
Desde hace años la AGP funciona, como ocurre también con la Aduana y otros organismos, con un organigrama compuesto por un oscuro entramado de referentes políticos y sindicales que participan a través de terceros en los innumerables negocios y contrataciones, a la vez que recaudan una “caja” multimillonaria para la política.
Parte fundamental de ese polémico y persistente engranaje son los hermanos Salom, Diego y Leonardo, sobrinos del histórico líder sindicalista Alberto Salom, con nexos con Gustavo “El Turco” Elías, presunto testaferro de Hugo Moyano, investigado por la justicia por lavado de dinero, y con supuestos fuertes lazos con el exministro de Economía, Sergio Massa. Los hermanos Salom, cuando perdieron las elecciones en uno de los tres gremios portuarios, APDFA, inventaron el suyo propio: Unión Personal Superior Ferroviario (UPDF). Diego Salom, actual Director de Planificación Estratégica de la AGP está de los dos lados del mostrador: ocupa un cargo jerárquico y a la vez es líder sindical. Su hermano, Leonardo Salom, dirige el puerto de Dock Sud y la mutual AMEPORT, además de la “Fundación Mundo Puerto”, que a pesar de su nombre está registrada como empresa, de la que es tesorera la propia gerente general de la AGP, Verónica Piñero, y que curiosamente fija domicilio en Viamonte 723 de la ciudad de Buenos Aires, misma dirección -aunque distinto piso- que Global Gate SRL, una empresa de tecnología que este año ganó una compulsa abreviada por US$7 mil en la “adquisición de licencias Fortinet UTP”.
Según fuentes del sector, los hermanos Salom, quienes tienen una gran influencia en la AGP y estrecha relación con Massa, experimentaron en los últimos años una llamativa mejora en su nivel de vida, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en el uso de autos de alta gama y exclusivos viajes alrededor del mundo. El sueldo bruto de Diego Salom en la AGP es de $5.728.143 pesos.
El museo “fantasma”
Quizás el caso más representativo del descontrol de gastos en la administración portuaria lo encarna el multimillonario proyecto de construcción del llamado “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo diseñado y licitado en 2022 para ocupar lo que era la sede histórica de la AGP, en la avenida Huergo 431.
El costo original del plan, según consta en la adjudicación a la que TN tuvo acceso en exclusiva, era de $1.168.665.000, pero tras las múltiples readecuaciones de precios que sufrió, consecuencia de la inflación y del atraso en el inicio de la obra, la cifra actual asciende a $5600 millones de pesos, de los cuales ya se abonaron más de $1500 millones (el último pago el 17 de octubre de 2024), a pesar de que la obra solo tiene un avance del 6,8%, tal como figura en los informes oficiales.
La empresa adjudicataria, Criba SA, una importante constructora que además está levantando una torre lindera al predio de la AGP, alega razones burocráticas, ya que la zona está clasificada como APH (Área de Protección Histórica) y debe tramitar varios permisos municipales y nacionales por ser considerada de valor histórico. Lo escandaloso es que, a pesar de no haber presentado los certificados de avance de obra porque tales avances no existen (como puede verse en las imágenes captadas por TN), la adjudicataria siga cobrando adelantos al día de hoy, y ya haya recibido más del equivalente al costo original de la obra.
Además, una vez adjudicado el proyecto, todo el personal de la AGP debió ser trasladado a nuevas oficinas, para lo que se alquilaron dos pisos en un lujoso edificio de Puerto Madero detrás del hotel Hilton, por el que el Estado paga -y pagará- desde noviembre 2022 hasta el mismo mes del 2025, US$90 mil por mes, por el uso de dos plantas, 40 cocheras y acceso al SUM. Además, el contrato de locación incluye una cláusula que obliga al Estado a contratar un seguro por al menos un millón de dólares, seguro que fue contratado, modificación en un anexo al contrato original mediante, con Nación Seguros, por medio del broker Promecor.
Según fuentes del sector, en épocas del nombramiento de Verónica Piñero como gerente de compras y tal como ocurrió en otros organismos investigados en la causa Seguros, junto a su ascenso vino la orden de contratar todos los seguros de la AGP con un broker, algo que antes estaba prohibido porque aumentaba los costos de la operación. Promecor es una de las 27 empresas que la Justicia tiene en la mira porque actuaron como intermediarios con Nación Seguros en la mega causa de corrupción por la que está procesado el expresidente Alberto Fernández.
Entre 2022, 2023 y 2024, años en los que se fueron haciendo los múltiples pagos por el millonario museo que todavía no se construyó, la AGP acumuló pérdidas por más de US$60 millones. (TN – Por Guadalupe Vázquez)
