Entre los casos sobresale un condenado que cumplía prisión domiciliaria y otro que tenía 8 expedientes. Un tercer prófugo estaba a la espera de su juicio oral. “Los parásitos se quedaron sin su huésped”, dijo sobre el tema Manuel Adorni, el vocero presidencial
Gregorio Magno, Gregorio I o también San Gregorio, fue el sexagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica. Los vaticanistas recuerdan que fue el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia. Entienden que, y probablemente, fue la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del imperio romano. Entre otros legados, y de aquí el interés por citarlo, es reconocido por ser el papa quien, a finales del siglo VI, fijó para siempre los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, gula, lujuria, ira, envidia y pereza.
Fue uno de ellos, la avaricia, la que hizo posible que entre el lunes 21 y el martes 22 pasado, 14 prófugos de la Justicia, de los 131 que todos los meses cobraban por parte del Estado una pensión no contributiva por discapacidad laboral, “cayeron como chorlitos” en la emboscada que elaboraron los ministerios de Salud – a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)-, el de Seguridad y el de Justicia.
La estrategia fue sencilla. En el marco de las auditorías y re empadronamiento que desde la ANDIS dispuso Diego Spagnuolo, abogado y hombre de confianza de Javier Milei, se enviaron las 131 cartas documento “para no quitarle precisión ni formalidad a los domicilios para citarlos a la auditoría médica como corresponde para sostener el beneficio”. Algunos de ellos no se notificaron; otros, sí, pero conociendo su situación irregular con la Justicia, no aparecieron. Sin embargo, la avaricia pudo más en 14 de ellos, que no querían dejar de percibir la pensión no contributiva por discapacidad laboral que actualmente representa el 70% de una jubilación mínima, $171.024,39 mensuales.
FOTO -La Policía Federal Argentina detuvo a 14 prófugos que quería seguir cobrando una pensión por invalidez Laboral
En varios casos, ese beneficio nunca debería haber sido otorgado; en otros sí, pero las normativas actuales la vuelven irregular. Infobae accedió a los casos más escandalosos, como un beneficiario que tenía prisión domiciliaria u otro que acumulaba ocho expedientes. Estos son cuatro de esos casos:
“63 años, masculino. Vivía en la provincia de Buenos Aires. Patología: secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico. Inició el trámite para la pensión el 12/01/2022, obteniendo la misma 4 meses después, el 30/05/2022. Estaba prófugo de la Justicia por robo agravado con arma de fuego. Se lo citó el 22 de octubre del 2024 en la ANDIS. Se presentó a su turno y su auditoría médica dio favorable, es decir que cumplía con los requisitos para mantener la pensión, sin embargo, dado que había cometido delitos fue detenido y llevado al Juzgado de Garantía N° 2 de Mercedes”.
“48 años, masculino. Con domicilio en Morón, Provincia de Buenos Aires. Patología: retraso mental moderado – Trastorno de conducta – humor. Inició el trámite para la pensión el 03/07/2020, obteniendo la misma 29 días después, el 01/08/2020. Estaba prófugo de la justicia por varios hechos de robo, se lo citó el 22 de octubre del 2024 en la ANDIS. Se presentó a su turno y su auditoría médica dio favorable, es decir que cumplía con los requisitos para mantener el beneficio. Sin embargo, dado que había cometido delitos, fue detenido y llevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de CABA dónde será juzgado”.
“40 años, masculino. Con domicilio en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Patología: osteocondritis juvenil de la cabeza del fémur (Legg-Calvé-Perthes). Inició el trámite para la pensión el 28/11/2023, obteniendo la misma insólitamente 3 días después, el 01/12/2023. Estaba prófugo de la justicia, tenía ocho causas penales, se lo citó el 22 de octubre del 2024 en la ANDIS. Se presentó a su turno y su auditoría médica dio desfavorable, es decir que no cumplía con los requisitos para mantener la pensión. Fue detenido y llevado al Juzgado de Garantías N° 5 de La Matanza”.
“41 años, masculino. Con domicilio en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Patología: estenosis subglótica consecutiva a procedimientos. Inició el trámite para la pensión el 25/11/2022, obteniendo la misma insólitamente 6 días después, el 01/12/2022. Estaba prófugo de la justicia con prisión domiciliaria”.
El resto de los casos son muy similares. Presuntos delincuentes prófugos de la Justicia que percibían un beneficio de manera irregular. Dinero que podría estar destinado a quien sí merece cobrearlo.
Desde la ANDIS le informaron a este medio que “ya se inició el procedimiento de baja inmediata de la pensión que percibían de parte del Estado Nacional” y destacaron que “el operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral”.
Desde la Casa Rosada marcaron que “el Ministerio de Salud – a cargo de Mario Lugones-, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, trabaja con el objetivo de transparentar el sistema y garantizar la optimización de los recursos públicos”.
El portavoz de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa, tuvo una forma muy particularidad de llamarlos. “Los parásitos cayeron en su propia trampa”, dijo desde la casa Rosada. “Los parásitos se quedaron si su huésped”, manifestó con una sonrisa y felicitó a los tres ministerios que intervinieron en el operativo: Salud, Seguridad y Justicia.
“Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además, se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos”, anunció Adorni. Y recordó que “a mediados de este año, una auditoría realizada por ANDIS sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó una actividad fraudulenta a gran escala con desvío de fondos de alrededor de 1.000 millones de dólares solo en el año 2023″.
Además de los 131 beneficiarios prófugos que cobraban la pensión, la revisión de los expedientes y el chequeo de cada caso personal realizados con los peritos médicos arrojaron como resultado que “muchos de ellos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones”. De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.
Las auditorías ordenadas por Spagnuolo, que aún no fueron completadas, ya encontraron irregularidades como, por ejemplo:
Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.
Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llegó su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
Un expediente había iniciado con un diagnóstico en el que como prueba documental se incorporó a foto de un perro.
Los 14 detenidos entre el lunes y martes se suman al rosario de irregularidades que se irá incrementando a medida que son auditadas de manera presencial las más de 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los prófugos apresados por la Policía Federal y puestos a disposición de la justicia es muy probable que no conocieran quien fue el papa Gregorio I ni mucho menos que fijó los siete pecados capitales, entre ellos, la avaricia.
(INFOBAE – Por Andrés Klipphan)
