La Ministra de Seguridad de Javier Milei prometió “acorralar” a las bandas con una nueva normativa inspirada en el Código Penal italiano. Cómo se actúa hoy en los tribunales
FOTO – Petri, Bullrich y Pullaro en la conferencia de hoy (Leo Galetto)
Ante la avanzada narco contra la población civil de Rosario, en una presunta vendetta por las medidas al estilo Bukele implementadas en las prisiones santafesinas y de cara al estricto control de capos presos en penales federales, la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich prometió presentar ante el Congreso una nueva legislación inspirada Código Penal italiano.
“Estamos enviando al Congreso de la Nación la Ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes, cómo hizo el código penal antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas. Como hizo la ley RICO de Estados Unidos y luego Bukele contra las maras, con figuras especiales como el arrepentido, que ya existe, y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas”, dijo Bullrich sin especificar detalles de la anunciada normativa.
La Ministra, en ese sentido, presentó como novedad la posibilidad de penar a los integrantes de la organización con la misma figura penal, más allá del rol o función que cumplan en la estructura criminal, solo por el hecho de ser parte de la organización.
En la actualidad, Argentina cuenta con diferentes herramientas o técnicas especiales de investigación para combatir al crimen organizado y el narcotráfico. La figura del arrepentido, tal como puntualizó la funcionaria de Javier Milei, es una de ellas, tras la sanción de las leyes 27.304 y 27.319 a fin del año 2016. El agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción completan el marco.
La PROCUNAR, el área de la Procuración a cargo del fiscal federal Diego Iglesias que se dedica a investigar organizaciones narco, engloba en sus expedientes todos los niveles: desde los soldados del sicariato, pasando por los intermediarios y capos hasta los encargados de lavar el dinero, o los responsables políticos y judiciales del negocio. PROCUNAR comenzó a intervenir en 230 nuevas causas en 2023, con especial foco en juicios a organizaciones como la de Delfín Castedo y el juez Carlos Soto Dávila, condenado por favorecer a narcos. PROCUNAR empleó 27 agentes reveladores desde 2016, más 36 informantes desde el mismo período. Los agentes encubiertos son una rareza: solo se usaron tres, dado su alto riesgo, en los últimos siete años.
La PROCELAC, dedicada a investigar delitos de lavado y articula con frecuencia con la PROCUNAR -en causas como la del clan Loza, con su capo Erwin, condenado a diez años de cárcel por grandes envíos de cocaína a España- es parte esencial del panorama. El remate de bienes narco a través de organismos como la AABE, con propiedades como la casa en Belgrano de Carlos Salvatore, principal imputado del caso Carbón Blanco, también es frecuente. Loza, con su pena confirmada por Casación, tuvo durante años una Ferrari que fue propiedad de Diego Armando Maradona.
También existe la posibilidad de conformar Equipos Conjuntos de Investigación, con sustento legal en la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Trasnacional y el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Parte del MERCOSUR; existen mesas de intercambio de información, establecidas en la ley 27.502, sancionada en abril de 2019. También, existe la Unidad Antimafia de la PFA, creada durante la gestión de Alejandro Ñamandú, ex superintendente de Investigaciones Federales de la fuerza.
“En estos grupos de investigación que hemos planteado y que vamos a llevar adelante, vamos a tener un capítulo especial sobre el delito económico, sobre el lavado del activo que es el producto de los delitos precedentes. Hay especialistas que van a estar trabajando en conjunto junto a la Justicia para sacarles todos los bienes”, indicó Bullrich.
En ese sentido, existe un proyecto, que fue presentado en el Congreso, aunque no prosperó. Se trata del Proyecto Bien Restituido, coordinado por Lucas Manjón de la asociación italiana Libera, que realizó la primera traducción al español del Código Antimafia Italiano. En la elaboración del mismo, participaron la fiscal federal Laura Mazzaferri, la ex titular de la PROCELAC, Laura Roteta y Francisco Luena, quien también integraba de la misma procuraduría, coordinados por el juez Sebastián Casanello.
Bien Restituido cuenta con el respaldo de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN); Cortes Supremas de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), Cáritas Argentina, entre otras organizaciones.
El artículo 41 bis de la ley italiana, también conocido como “cárcel dura”, impone un severo régimen de aislamiento sobre aquellos presos que tienen probados vínculos con organizaciones criminales. Es destinado, sobre todo, a los capos de la mafia, con la finalidad de poner un freno a las actividades ilícitas que puedan desplegar desde la cárcel.
Hay un antecedente reciente en el país, inspirado en esta norma. Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, procesó a Luis Wilder “Gavilán” Zalazar, oriundo de Salta, por el envío de una encomienda de más de seis kilos de cocaína desde Orán. La resolución, con prisión preventiva y un embargo de 60 millones de pesos, incluyó las nuevas medidas de encierro que debe cumplir. La celda de “Gavilán”, que ya cumple varias condenas por narcotráfico en la Unidad Penitenciaria VI de Cuyo, debe ser requisada cada 15 días para constatar que no posea ningún dispositivo de comunicación móvil que le permita su comunicación con el exterior. Los investigadores encontraron conversaciones del 23 de enero, en un celular incautado en un allanamiento, en la que el narco recluido en el penal le dio indicaciones por WhatsApp a sus cómplices en el exterior.
Por último, Bullrich apeló a otra ley ya existente para frenar a los narcos en la ciudad santafesina. “Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista. En el artículo 41 (…) dice que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena”, aseveró. (INFOBAE)
